• Los facilitadores sociales y participantes en las capacitaciones deberán ser capacitados inicialmente en el uso de las nuevas tecnologías. Un mínimo de 15 monitores serán capacitados en total y dispondrán de medios de comunicación para el desarrollo de las actividades, ya que tendrán una asignación específica o de área dependiendo de su organización a la que pertenezcan y el área identificada. Las primeras tareas y áreas que se priorizará serán:

1. Evaluación del impacto y vulnerabilidades generadas por la COVID19, por ej. en otras enfermedades;
2. Actuar de sistema de alerta temprana para casos de discriminación por diferentes motivos y que puedan canalizar los casos a la clínica legal. Se incluirá la atención por violencia de género.

• Abogados y/o juristas serán capacitados en la protección de los derechos fundamentales como las detenciones arbitrarias, incluidos en las restricciones COVID19. Se mantendrá y ampliará la capacidad de atención a vulnerables como el colectivo LGTBI o mujeres víctimas de violencia de género. Se formará a 30 abogados o Juristas y funcionarios. De los juristas se espera que 10 asistan a la clínica legal para casos de violaciones de derechos humanos en otras ciudades del país.
• El tercer tipo de capacitaciones se realizará tras un ejercicio autoevaluación de capacidades de las organizaciones con el fin de facilitar el fortalecimiento institucional que se centrará en primer lugar en los cosolicitantes.

La academia también servirá para que las OSC intercambien información, colaboren y preparen mejor sus estrategias. La habilitación de espacios que permitan a las organizaciones sociales un acceso regular a medios como teleconferencias, salas de reuniones para seminarios con medios como proyectores, permitirá superar las limitaciones causadas por la pandemia, pero además aumentará la eficiencia gracias al trabajo en red y coordinado. La facilitación es un elemento de vital importancia para las OSC locales, particularmente las que no disponen de espacios propios de trabajo, o para aquellas que, aun disponiendo de los mismos, no son adecuados para reuniones de trabajo más extensas y en coordinación con las organizaciones de la otra región geográfica. Por ello la importancia de la Academia Ciudadana tanto en Bata como en Malabo.

La clínica legal expandirá su atención en los casos que surjan al resto del país con la asistencia de abogados en la región continental. Además, se establecerán mecanismos de ayudas de emergencia que se ha desarrollado y ha sido utilizado por la clínica legal para la asistencia inmediata en caso de peligro inminente o grave precariedad. La figura del facilitador social será útil también en esta actividad al hacer una función explicativa y de acompañamiento de las opciones y apoyos posibles de organizaciones y otros mecanismos de protección. Por ejemplo, guiarán para la obtención de medios de atención sanitaria, psicológica o educativa que complementará a la acción judicial.

Gracias a la implantación local de los cosolicitantes, se prevé realizar actividades de sensibilización y promoción los derechos humanos con menores y mujeres en el marco de las actividades de estas organizaciones, las cuales se beneficiarán de las capacitaciones de la Academia de forma preferente.

Un segundo tipo de sensibilización donde los cosolicitantes también estarán involucrados serán las destinadas a las instituciones o autoridades.